A propósito de la coyuntura actual del sector eléctrico, saltan al escenario todo tipo de analistas que quieren comentar lo sucedido, buscar explicaciones y culpables, pero más simplista aún, sin mayor conocimiento del tema, pedir que de alguna forma se le cuente a los usuarios cuál fue el destino de los recursos pagados por la confiabilidad. Sin embargo, estas opiniones, acaloradas en algunos casos, terminan confundiendo, desviando la atención de la esencia del problema y lo que es peor generando propuestas y soluciones que no van a solucionarlo de fondo.
Los analistas más informados han ubicado la esencia del problema en la regulación, lo cual comparto, no obstante, ninguno de ellos ha mencionado una falla aún mas profunda derivada de la tradición regulatoria que se ha instalado en Colombia después de implementar este esquema de estado regulador, y que se ha vuelto más crítica en los últimos años.
El esquema, como fue concebido, consideró una separación de roles entre la entidad encargada de diseñar las reglas y la encargada de controlar y vigilar que en efecto se aplicaran correctamente, esto es, lo primero se asignó a la CREG y lo segundo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En el papel el esquema quedó bien diseñado, pero para que su implementación fuera exitosa era necesario que las instituciones tuvieran los medios y la capacidad técnica para ejercer sus funciones.
En la práctica lo que sucedió fue diferente a lo planeado. Si bien ambas instituciones se crearon como entidades de carácter técnico y con presupuestos financiados con recursos de las tarifas que no dependen del presupuesto general de la Nación, hubo diferencias en la estructuración organizacional que llevó a que el regulador pudiera desarrollar mayores capacidades técnicas que la superintendencia, quien además asumió la responsabilidad de todos los servicios públicos domiciliarios, mientras que en la regulación se crearon entidades sectoriales y especializadas por industria. Para rematar, desde 2009 se le quitó la responsabilidad de vigilar y sancionar las conductas anticompetitivas de los agentes para dejarle esta tarea a la Superintendencia de Industria y Comercio, que fue fortalecida y dotada de mayores herramientas para ejercer dicho control.
Con el paso de los años ha crecido la brecha entre capacidad regulatoria y de control, y sus implicaciones han sido lamentables para la institucionalidad, para el desarrollo del mercado, para la confianza del esquema y para la cultura regulatoria que la misma ha generado. A medida que la regulación empieza a notar la debilidad e incapacidad de la entidad de control para hacer una vigilancia oportuna y eficaz de las reglas que se iban diseñando, la tendencia ha sido tratar de cubrir ese vacío a partir de más reglas, las cuales se han vuelto con el paso del tiempo no solo mayores en cantidad sino también en complejidad.
El resultado no puede ser más preocupante. La regulación se hace desde el supuesto de una ausencia de control y esto solo genera esquemas rígidos que se diseñan pensando en prevenir comportamientos en el mercado, pero no solo terminan limitando la flexibilidad comercial que requiere un mercado dinámico como el energético, sino que ahuyenta, retrasa y complica alternativas de desarrollo del mercado.
Algunos ejemplos que pudieran citarse son: i) el esquema para la venta de gas en el mercado mayorista que establece condiciones, tiempos, esquemas contractuales y plataformas para todo, incluida la fórmula de actualización de precios; ii) las reglas para la venta de excedentes de proyectos de autogeneración que por buscar neutralidad terminan imponiendo tantas condiciones que desalientan a los interesados que frenan sus proyectos; iii) el cargo por confiabilidad que a través de garantías, documentos de logística, procedimientos, y condiciones de liquidación termina complicando no solo el mismo esquema sino los mercados de contratos y de corto plazo; iv) el esquema para la definición del precio de venta de GLP y el mecanismo de venta que pretende controlar el poder de mercado pero termina disminuyendo la oferta de un mercado que enfrenta una competencia desventajosa con el gas natural.
Diseñar regulación con la intención de que a la vez servirá para controlar y evitar comportamientos que van en contra de la competencia es ingenuo, pero lo preocupante es que distrae y termina generando un efecto nocivo en el mercado. El llamado entonces es a revisar y fortalecer el esquema de vigilancia y control de la regulación energética, otorgándole la importancia que se merece, algo como lo que hizo el país con la autoridad encargada de vigilar la competencia a través de la Ley 1340 de 2009.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debe tener herramientas más potentes para ejercer sus funciones, debe estar dotada de un personal con la suficiente capacidad técnica y con mejor remuneración que ubique esta entidad en el puesto que debe estar, de tal forma que el regulador pueda diseñar las reglas con tranquilidad y confianza en que la responsabilidad de identificar los incumplimientos se ejerce en forma eficaz y oportuna.
La regulación debe procurar definir condiciones y criterios generales para que los agentes desarrollen sus actividades comerciales. Debe delimitar el campo de juego y las reglas básicas, pero debe permitir que los jugadores diseñen y desarrollen su propia estrategia o camino de acción. Eso si, para que lo anterior funcione se requiere que los jugadores sean conscientes de que estrategias en los límites del campo de juego, generan consecuencias ejemplares que en función de la gravedad los pueden dejar fuera del mismo.
La regulación colombiana se parece al enfoque de educación infantil en donde se establecen infinidad de reglas buscando lograr una conducta específica a partir de la prohibición y las limitaciones. La propuesta consiste en considerar un nuevo esquema, también tomado de la educación infantil. Es un esquema basado en la responsabilidad y en las consecuencias, pero en la flexibilidad para tomar decisiones. Los estudiosos de estos temas han encontrado que este enfoque genera individuos empoderados y más adaptables a las reglas de convivencia en sociedad. Ahora bien, para lograr implementar este esquema se requiere que existan consecuencias y que las mismas generen efectos, para lo cual es necesario tener una autoridad de control fuerte y con capacidad técnica que la haga efectiva en el desempeño de sus funciones.
Recent Comments